En d\u00edas pasados lleg\u00f3 la consulta de un caso, en que los hijos y la c\u00f3nyuge sobreviviente del causante, un se\u00f1or que trabaj\u00f3 en el sector p\u00fablico y entre los bienes que pose\u00eda, ten\u00eda por v\u00eda de adjudicaci\u00f3n del Estado un apartamento de un plan de vivienda popular en el oeste de Caracas.<\/p>\n\n\n\n
El finado hab\u00eda adquirido en vida a su nombre veh\u00edculos y era titular de cuentas bancarias, que representan activos del acervo hereditario, que deben ser declarados ante la administraci\u00f3n tributaria<\/p>\n\n\n\n
La pregunta precisa que me hacen los causahabientes fue: El apartamento adjudicado a nuestro causante en vida, \u00bfentra en la herencia?<\/p>\n\n\n\n
La respuesta a esta consulta, la anot\u00e9 como tema para este Blog, as\u00ed que, entremos en materia.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 18, numeral primero de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y dem\u00e1s Ramos Conexos, establece textualmente (\u2026\u201dForman parte del activo de la herencia, a los fines de esta Ley: Todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesi\u00f3n se encuentren a nombre del causante, en virtud del t\u00edtulo expedido conforme a la Ley\u201d\u2026)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Conforme a lo dispuesto por la Ley que regula la declaraci\u00f3n del patrimonio de la sucesi\u00f3n ante la administraci\u00f3n tributaria en nuestro pa\u00eds, \u00fanicamente bienes que pertenec\u00edan en vida al de cujus, pueden ser declarados, para el pago del impuesto impositivo, de ser el caso, y obtenci\u00f3n de la solvencia que permita su disposici\u00f3n por la sucesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n N\u00f3tese bien, destaca el concepto de propiedad, no adjudicaci\u00f3n o posesi\u00f3n precaria de un bien del causante.<\/p>\n\n\n\n En la adjudicaci\u00f3n de viviendas a familias de sectores populares, no estamos hablando del concepto de propiedad, previsto en el art\u00edculo 545 del C\u00f3digo Civil (\u2026\u201dLa propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas en la Ley\u201d\u2026)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n Al respecto es bueno traer a colaci\u00f3n que la Ley de Otorgamiento de T\u00edtulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misi\u00f3n Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector P\u00fablico, aprobada por la Asamblea Nacional, en fecha 13 de abril de 2016, fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia pronunciada en fecha 6 de mayo de 2016.<\/p>\n\n\n\n La sentencia del m\u00e1ximo Tribunal, en Sala Constitucional, resalta que la finalidad del programa habitacional es facilitar espacios habitables dignos para las familias sin vivienda, y no convertir la asignaci\u00f3n de esa vivienda, en inmuebles mercadeables en el sector inmobiliario, con lo cual se desnaturalizar\u00eda la esencia del programa, que es el dotar a sectores populares de un techo adjudicado para tal fin, y no para disponer mercantilmente del mismo. Esto se aprecia en la siguiente reproducci\u00f3n textual de la motiva del fallo que declar\u00f3 la referida inconstitucionalidad (\u2026\u201dLos derechos de propiedad y libertad econ\u00f3mica<\/em><\/strong> est\u00e1n garantizados por la Constituci\u00f3n, pero no son de car\u00e1cter prestacional y no es la colectividad quien debe sustentar el crecimiento econ\u00f3mico de algunos a trav\u00e9s de la privatizaci\u00f3n de bienes construidos con recursos p\u00fablicos, pero si es un deber solidario de todos contribuir con las cargas p\u00fablicas, entre ellas, garantizar que progresivamente todas las familias accedan a una vivienda digna, por lo que poner en riesgo la titularidad de este derecho social en funci\u00f3n de colocar en el mercado especulativo los inmuebles destinados a un fin social, para en definitiva beneficiar a quienes ejercen el dominio econ\u00f3mico de tal mercado, especialmente el sector financiero, resulta contrario al esp\u00edritu constitucional del Estado Democr\u00e1tico y Social de Derecho y de Justicia. En conclusi\u00f3n, la Ley de Otorgamiento de T\u00edtulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misi\u00f3n Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector P\u00fablico resulta en su conjunto inconstitucional por cuanto, como se evidenci\u00f3 en las l\u00edneas precedentes, contraviene los fines del Estado Democr\u00e1tico y Social de Derecho y de Justicia al no garantizar que el ejercicio progresivo del derecho de las familias a una vivienda digna no ceda ante el derecho de propiedad, al propender que las unidades habitacionales ingresen al mercado especulativo, para favorecer a quienes ejercen el dominio del mismo en detrimento de quienes ameritan de una protecci\u00f3n reforzada por parte del Estado, adem\u00e1s de que para su sanci\u00f3n no se habr\u00eda cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento de formaci\u00f3n de la Asamblea Nacional \u201d\u2026)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n A lo expuesto, sigue otra pregunta, si la unidad habitacional era ocupada por el ciudadano o ciudadana objeto de su adjudicaci\u00f3n con su grupo familiar, enti\u00e9ndase, c\u00f3nyuge, hijos y nietos, que pasa si fallece el beneficiario de tal adjudicaci\u00f3n. Es de sana l\u00f3gica y estricta justicia, que ese grupo familiar tiene preferencia para seguir ocupando dicha vivienda.<\/p>\n\n\n\n Ante esta situaci\u00f3n sobrevenida, el Estado procediendo como propietario, proceder\u00e1 a una nueva adjudicaci\u00f3n, tomando en cuenta precisamente al referido grupo familiar que acompa\u00f1aba al adjudicatario original (carga familiar). Los familiares que conviv\u00edan con el adjudicatario fallecido, deben notificar al organismo rector del programa habitacional del fallecimiento de aquel, para iniciar el procedimiento administrativo previsto para el cambio de adjudicatario, el cual ser\u00e1 autorizado por el Estado a trav\u00e9s del ente competente.<\/p>\n\n\n\n No se trata de herencia, no estamos ante un bien susceptible de ser incluido en la Declaraci\u00f3n Sucesoral, y cualquier disposici\u00f3n testamentaria del adjudicatario original sobre dicha unidad habitacional, ser\u00e1 nula e inexistente jur\u00eddicamente. Estamos ante una adjudicaci\u00f3n de uso por parte del Estado, que ante el fallecimiento del adjudicatario original, cambia de beneficiario a trav\u00e9s del procedimiento previsto para tal fin, conforme a las consideraciones anteriormente hechas.<\/p>\n\n\n\n Jes\u00fas Aponte Daza \/ Abogado egresado UCV<\/p>\n\n\n\n Especialista en Derecho Mercantil UCV<\/p>\n\n\n\n Profesor de Pre y Postgrado USM<\/p>\n\n\n\n Atendemos su caso: +58 0412 2098199 \u2013 0412 3622732<\/p>\n\n\n\n S\u00edguenos en Instagram: jesus.aponte.daza<\/p>\n\n\n\n Email: jead751@gmail.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En d\u00edas pasados lleg\u00f3 la consulta de un caso, en que los hijos y la c\u00f3nyuge sobreviviente del causante, un 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